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Honduras requiere supervisión robusta y eficaz de empresas militares y de seguridad, dice grupo de expertos de la ONU
TEGUCIGALPA / GINEBRA (25 de febrero de 2013) – El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre el uso de mercenarios
urgió hoy al Gobierno de Honduras a fortalecer la función de supervisión de la Unidad de Control de Compañías Privadas
de Servicios de Seguridad, con el fin de asegurar que éstas cumplan con la ley. Asimismo, los expertos en derechos
humanos exhortaron a las autoridades a reforzar el sistema judicial para investigar y procesar debidamente los delitos
cometidos por guardias de seguridad privados y así garantizar que las víctimas reciban una reparación justa.
“Con más de setecientas compañías de seguridad privadas operando en Honduras, el Gobierno debería asegurar un monitoreo
adecuado de sus actividades y que éstas no se conviertan en un substituto de una policía competente y responsable”,
recalcó Patricia Arias, integrante del grupo de expertos, al finalizar una misión de cinco días en el país.
El Grupo de Trabajo vio con beneplácito avances positivos, como la adhesión de Honduras en 2008 a la Convención
Internacional sobre mercenarios, la adopción en 2008 de la Ley Orgánica de la Policía y su Reglamentación para el
Control de Servicios de Seguridad Privados, así como la creación en 2011 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Sin embargo, los expertos en derechos humanos manifestaron su preocupación por la proliferación de compañías de
seguridad privadas tanto legales como ilegales.
“Debido a que las instituciones estatales no logran garantizar la seguridad, el sector de seguridad privada ha crecido
exponencialmente, superando en número a la fuerza de la policía nacional”, señaló Elzbieta Karska, otra integrante de la
delegación.
La relación del número de elementos de la policía y los guardias de seguridad es de 1 a 5, de acuerdo a la información
disponible. Además de las 706 compañías de seguridad privadas registradas, existen muchas más que operan en un vacío
legal. Según se ha informado, en su mayoría estas compañías son propiedad de ex-oficiales policiales o militares de alto
rango que controlan el sector de seguridad en el país.
“Subcontratar el uso de la fuerza con cientos de compañías de seguridad privadas es un serio obstáculo al estado de
derecho y funcionamiento eficaz de una institución Estatal democrática, responsable de garantizar la seguridad nacional
de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos y las leyes nacionales”, apuntó la Sra. Arias, expresando
con preocupación que los guardias de seguridad utilizarían la fuerza al ejercer funciones tradicionales de las
autoridades que aplican la ley, como control de manifestaciones y ejecución de las órdenes de desalojo.
El Grupo de Trabajo observó además que la aplicación del marco regulatorio y garantizar una efectiva supervisión de las
compañías de seguridad privadas continua siendo un enorme reto, debido a la tan seria falta de recursos de la Unidad de
Control de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad y su incapacidad de ejercer un verdadero control sobre esas
empresas.
Durante su visita del 18 al 22 de febrero de 2013, la delegación recibió información consistente sobre que muchos
guardias de servicios de seguridad privados portan armas prohibidas y las utilizarían para cometer violaciones de
derechos humanos. A este respecto, el Grupo de Trabajo expresó su preocupación sobre dicho involucramiento en
violaciones de derechos humanos de las compañías de seguridad privadas contratadas por los terratenientes, incluidos
asesinatos, desapariciones, desalojos forzados y violencia sexual contra los representantes de las asociaciones
campesinas en la región del Bajo Aguán.
“Existe una impunidad generalizada en el país, así como también una falta total de confianza de la población en el poder
judicial, ya que estas violaciones de derechos humanos que habrían sido cometidas por las compañías de seguridad privada
no son investigadas, no se procesa a los autores y las victimas no tienen acceso a una justa reparación” recalcó la Sra.
Karska.
El Grupo de Trabajo recomendó al Gobierno que dote de los recursos apropiados y capacite a la Policía Nacional, para que
pueda cumplir su función inherente de garantizar la seguridad pública de la población hondureña.
La delegación se reunió con autoridades del Gobierno, del Congreso Nacional, representantes de la sociedad civil y del
sector privado incluidas compañías privadas de seguridad, con el fin de evaluar el impacto de las actividades de las
compañías militares y de seguridad privadas en el ejercicio de los derechos humanos.
La Sra. Arias y la Sra. Karska también dieron seguimiento a la aplicación de las recomendaciones hechas por el Grupo de
Trabajo en su anterior visita en 2006*, en especial la adhesión de Honduras a la Convención Internacional sobre
mercenarios, el fortalecimiento del marco regulatorio para las compañías de seguridad privadas, y la adopción de medidas
para responder prontamente a las denuncias presentadas por las personas que retornaron de Irak.
El Grupo de Trabajo agradeció al Gobierno de Honduras por su valiosa cooperación durante la visita, y exhortó a las
autoridades a adoptar las medidas apropiadas, incluidas enmiendas a la legislación existente, con el fin de aplicar
estas recomendaciones con eficiencia.
(*) Vea el informe de 2006 del Grupo de Trabajo sobre Honduras: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G07/109/72/PDF/G0710972.pdf?OpenElement
--
El Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y de obstaculizar el
ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación fue creado en julio de 2005 por la antigua Comisión de
Derechos Humanos. Está compuesto por cinco expertos independientes sirviendo en su capacidad personal: El Sr. Anton Katz
(Presidente-Relator, África del Sur), la Sra. Faiza Patel (Pakistan), la Sra. Patricia Arias (Chile), la Sra. Elzbieta
Karska (Polonia) y el Sr. Gabor Rona (Estados Unidos de América/Hungría).
Para consultar el borrador del Grupo de Trabajo sobre una posible Convención sobre Compañías Privadas de Seguridad vea:
ONU Derechos Humanos, página de país - Honduras: http://www.ohchr.org/SP/Countries/LACRegion/Pages/HNIndex.aspx
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Vea el Índice Universal de los Derechos Humanos: http://uhri.ohchr.org/es/
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NEWS RELEASE
Private military and security companies in Honduras need robust and effective monitoring, says UN expert group
TEGUCIGALPA / GENEVA (25 February 2013) – The United Nations Working Group on the use of mercenaries today urged the
Honduran Government to reinforce the overseeing role of the Control Unit of Private Security Services to ensure that
private security companies comply with the law. The human rights experts also called on the authorities to strengthen
the judicial system to properly investigate and prosecute crimes committed by private security guards and to ensure that
victims receive effective remedies.
“With over seven hundred private security companies operating in Honduras, the Government should ensure that their
activities are properly monitored and that they do not become a substitute for competent and accountable police,”
stressed Patricia Arias, member of the expert group, at the end of a five day mission in the country.
The Working Group commended positive developments, like Honduras’ accession in 2008 to the International Convention on
mercenaries, the adoption in 2008 of the Organic Law of the National Police and Regulations for the Control of Private
Security Services, and the establishment in 2011 of the Ministry of Justice and Human Rights. However, the rights
experts expressed concern at the proliferation of both legal and illegal private security companies.
“As a result of the lack of guarantee of security by the state institutions, the private security sector grew
exponentially, outnumbering the national police force”, added Elzbieta Karska, another member of the delegation. The
ratio of police officers to private security guards is reportedly 1 to 5 in Honduras. In addition to 706 registered
private security companies, numerous unregistered private security companies operate in a legal vacuum. Most are
reportedly owned by former high-ranking police or military officers who control the security sector in the country.
“Outsourcing the use of force to hundreds of private security companies seriously hampers the rule of law and the
effective functioning of a democratic State institution responsible for ensuring national security in accordance with
international human rights standards and national laws,” Ms. Arias said, noting with concern that private security
guards allegedly used force in performing traditional functions of law enforcement authorities, such as controlling
demonstrations and executing eviction orders.
The Working Group highlighted that implementing the existing regulatory framework and ensuring an effective oversight
over private security companies remains a significant challenge due to severe under-resourcing of the Control Unit of
Private Security Services and its lack of capacity to exercise any meaningful control over these.
During its visit from 18 to 22 February 2013, the delegation received consistent information that many private security
guards carry firearms that are prohibited and are allegedly used to commit human rights violations. In this regard, the
experts voiced concern about the alleged involvement of private security companies hired by landowners in widespread
human rights violations including killings, disappearances, forced evictions and sexual violence against representatives
of peasant associations in the Bajo Aguán region.
“There is a wide scale impunity prevailing in the country as well as a total lack of confidence of the population in the
judiciary, as these human rights violations allegedly committed by private security companies are not investigated,
perpetrators remain unprosecuted and victims do not have access to remedies,” Ms. Karska said.
The human rights experts also recommended that the Government provide adequate resources and training to the National
Police, so that they may fulfil their inherent function to guarantee public security and safety of the Honduran
population.
The Group’s delegation met with Government officials, parliamentarians, representatives of civil society and the private
sector including security companies to assess the impact of the activities of private military and security companies on
the enjoyment of human rights.
Ms. Arias and Ms. Karska also followed up on the implementation of the recommendations it had made in the context of its
previous visit in 2006*, in particular accession to the International Convention on mercenaries, strengthening the
regulatory framework on private security companies, and adopting measures to act speedily on complaints submitted by
individuals having returned from Iraq.
The Working Group’s delegation conveyed its appreciation to the Government of Honduras for its fruitful cooperation
during the visit, and encouraged them to undertake appropriate measures including amendments of the existing legislation
to implement effectively these recommendations.
(*) Check the Working Group’s 2006 report on Honduras: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G07/109/69/PDF/G0710969.pdf?OpenElement
--
The Working Group on the use of mercenaries as a means of violating human rights and impeding the exercise of the right
of peoples to self-determination was established in 2005 by the then Commission on Human Rights. It is composed of five
independent experts serving in their personal capacities: Mr. Anton Katz (Chair-Rapporteur, South Africa), Ms. Faiza
Patel (Pakistan), Ms. Patricia Arias (Chile), Ms. Elzbieta Karska (Poland) and Mr. Gabor Rona (United States/Hungary).
Learn more, log on to: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Mercenaries/WGMercenaries/Pages/WGMercenariesIndex.aspx
Check the Working Group’s draft of a possible Convention on Private Military and Security Companies: http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open=A/HRC/15/25=E
UN Human Rights, country page – Honduras: http://www.ohchr.org/EN/Countries/LACRegion/Pages/HNIndex.aspx
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Check the Universal Human Rights Index: http://uhri.ohchr.org/en
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